La encrucijada de México

Por Alejandro Gómez Tamez (*)

México atraviesa por una encrucijada ya que por un lado requiere urgentemente incrementar sus ingresos fiscales, pero por el otro, los expertos señalan que no es aconsejable incrementar impuestos cuando la economía nacional apenas comienza su recuperación. Al escribir estas líneas no sabemos cómo quedarán la Ley de Ingresos de la Federación, así como el Presupuesto de Egresos para el año 2010.

Hay incertidumbre en el medio empresarial porque no sabemos cuáles son los impuestos que se acabarán aprobando, ni tampoco sabemos de qué tamaño será el déficit fiscal (como porcentaje del PIB) que resultará de estas decisiones.

Lo que sí es un hecho es que el déficit fiscal será más grande y como consecuencia el tamaño de la deuda pública seguirá aumentando. A lo largo de todo este año hemos leído múltiples declaraciones y análisis que encienden los focos rojos en el sentido de que “la deuda” nuevamente se ha convertido en un problema para las finanzas públicas del país.

Todo esto ha provocado que tanto inversionistas nacionales, como internacionales, comiencen a cambiar poco a poco la forma en que ven la solidez de la economía nacional hacía una situación menos favorable. En este respecto, tenemos que el grupo financiero Banamex Citigroup recién alertó que la deuda bruta de México en 2009 se ubica ya por arriba de la referencia estimada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como nivel máximo para los países en desarrollo, al llegar a 44 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Esto es 4 puntos porcentuales por encima del límite establecido por el propio organismo.

Y es que de acuerdo con los últimos indicadores publicados por el Banco de México, la deuda neta del país se ubicó en agosto de este año en 3 billones 243 mil 520 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 91.1 por ciento respecto del pasivo que había al comienzo de la actual administración.

Cabe señalar que según el Banxico, en diciembre de 2006 la deuda neta del país era de 1 billón 697 mil 190 millones de pesos. Pero lo más preocupante de este asunto es que la perspectiva es que la deuda pública seguirá aumentando en la medida en que la producción petrolera siga cayendo y los pecios del barril del petróleo se mantengan bajos (aunado a una débil recaudación fiscal).

En el reporte de Banamex mencionado líneas arriba también se indica que si se registra un faltante de 800 mil barriles diarios en la producción de petróleo anual, y los precios oscilan entre los $53 y los $65 dólares por barril, entonces veremos una verdadera explosión en el crecimiento de la deuda. Banamex también plantea que con una tasa de interés sólo un punto porcentual mayor al crecimiento del PIB, por una mayor percepción de riesgo, entonces la deuda llegaría a 56 por ciento del PIB en 2018.

Si a esto se añade que la producción petrolera bajará hasta 2.2 millones de barriles al día en lugar de los 2.5 millones actuales, entonces el faltante estructural se vuelve 2 por ciento del PIB y ¡la deuda llegaría a 60 por ciento del PIB! Ante el panorama descrito líneas arriba, es prácticamente un hecho que las finanzas públicas se mantendrán más que vulnerables en los próximos años, y en este sentido el propio secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ha señalado que México está en una situación de “emergencia fiscal”.

Para complicar aún más las cosas, varios analistas consideran que las proyecciones sobre la producción petrolera por parte del gobierno son más que optimistas. Concretamente tenemos que para 2010 el gobierno estimó en 2.5 millones de barriles diarios la producción del crudo, pero los expertos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyectan que será de 2.4 millones.

La diferencia en volumen es de 36.5 millones de barriles menos en el año, lo que equivale a 2 mil 154 millones de dólares, casi 30 mil millones de pesos, considerando un precio promedio de la mezcla mexicana de 59 dólares.

Resulta entonces más que evidente la urgencia por “compensar” la caída de los ingresos petroleros con otras fuentes de recursos; lo ideal sería que más personas y empresas paguen impuestos, pero desafortunadamente la realidad planteada por los Diputados es en el sentido del camino fácil: aumentar impuestos, creación de nuevos gravámenes y alzas en los bienes suministrados por el gobierno (como es el caso de la gasolina, diesel, gas, electricidad, entre otros).

La Cámara de Diputados no fue capaz de armar una Ley de Ingresos que fuera del agrado del sector empresarial del país; si bien no se trata de agradarlos a todos, si se debe mantener cierto nivel mínimo de aprobación de las disposiciones fiscales. En relación a esto, tenemos que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Armando Paredes Arroyo demandó al Senado modificar el Paquete Fiscal que aprobó la Cámara de Diputados para evitar un colapso en la economía interna de México, y señaló que este "es el peor momento para gravar a las empresas del país".

En este mismo sentido tenemos que Xavier Sala Martín, economista consultor del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM), asociado del Foro Económico Mundial de Davos, advirtió que “el gobierno mexicano podría ahogar la economía al aumentar los impuestos en época de crisis”. Y es que siendo honestos, el Paquete aprobado por los Diputados lo único que hace es cobrarle más impuestos a los mismos contribuyentes cautivos y no amplía la base gravable.

En palabras del propio presidente del CCE: "Esto inhibe el crecimiento y la creación de empleos, se privilegia el gasto y no hay una reducción importante del mismo… Sólo se incrementan impuestos para mantener un nivel de gasto escandaloso que ha crecido casi 80 por ciento en los últimos 10 años".

Desde luego que mucho del malestar se centra en los cambios realizados al Régimen de Consolidación Fiscal, ya que además de inconstitucionales, provocarían en el sector empresarial una disminución en el flujo de efectivo de $19 mil millones de pesos, y tan sólo en 25 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, se les generaría un pasivo de $50 mil millones de pesos.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también ha manifestado preocupación por lo que podrían terminar aprobando los Senadores en términos de impuestos. Hacienda ha señalado que el rechazo a un incremento de un punto porcentual en el IVA podría volver “sospechosa” la viabilidad de las finanzas públicas en el corto plazo.

Y es que la SHCP reconoce que si la propuesta de elevar de 15 a 16 por ciento la tasa del IVA es rechazada, las calificadoras de deuda cambiarán su percepción sobre el riesgo país. Esto se debe a que según la propia SHCP, de rechazarse esta alza que ya avaló la Cámara de Diputados se perderían $30 mil millones de pesos que, si en lugar de financiarlos con ese mayor impuesto se financia con más deuda, implicaría elevar el déficit fiscal del gobierno federal en 50 por ciento.

Así, resulta evidente que el gobierno federal y el Congreso de la Unión están bajo fuerte presión; pero sin embargo, no hacen prácticamente nada para ampliar la base de contribuyentes, o bien para eliminar los regímenes especiales, que si se desaparecieran, generarían al erario unos $460 mil millones de pesos en recursos, cantidad suficiente para evitar un alza de impuestos a los contribuyentes cautivos y para mantener sin aumento la deuda pública.

Es lamentable señalar que el Paquete Fiscal, en los términos que está en este momento, probablemente descarrilará la recuperación económica y así mismo pudiera provocar más desempleo (en la actualidad hay casi 3 millones de desempleados en México, según cifras del Inegi).

Es lamentable también que México haya dejado de ser atractivo para invertir.

En palabras del presidente del Consejo de Administración de Grupo ALFA, Dionisio Garza Medina: "México ya está cayendo estrepitosamente del interés de los inversionistas mundiales, estábamos de moda hace 15 o 20 años, hoy no estamos de moda que quede claro,… nos ven como un país con desempeño pobre".

Ojala y los senadores sean lo suficientemente visionarios para armar un paquete fiscal que si amplíe la base de contribuyentes y que no pongan en riesgo la recuperación de la economía nacional, ni disparen el crecimiento de la deuda pública. Que sean capaces de también realizar las reformas económicas de fondo que hagan a México un país más competitivo y que faciliten la creación de empleos.

Que terminen con los cotos de los poderosos grupos de poder que impiden la competencia en sectores estratégicos y que eliminen los privilegios fiscales que solamente benefician a grupos económicos que tienen la suficiente capacidad del cabildeo. Si los senadores terminan por ratificar lo que aprobaron los diputados, seremos testigos de cómo el resto del mundo de recupera en el 2010 mientras que México continúa cayendo.

Director General GAEAP (*)