Legalidad y Cobranza en México

Por Alejandro Gómez Tamez (* )

Uno de los principios básicos que permiten al sistema capitalista funcionar correctamente es el contar con certeza legal. Esto abarca muchos aspectos, pero en este caso quiero referirme concretamente a la seguridad de que si alguien tiene una deuda mercantil con una empresa, dicha empresa tendrá los medios legales que le permitan recuperar el monto de dicho adeudo en caso de que el cliente se niegue a pagar. Todos los sistemas capitalistas modernos trabajan así.

En países como Estados Unidos los juicios mercantiles por falta de pago se resuelven en pocos días y por lo general en favor del acreedor. Esto permite que los negocios se realicen con más facilidad, ya que el vendedor de un producto o servicio sabe que le van a pagar y que el Estado está de su lado en caso de que su cliente no quiera o no pueda pagar.

Aquí en México sucede lo contrario, las empresas y personas pueden contraer deudas enormes con proveedores, y en caso de que éstos se nieguen a pagar, para las empresas vendedoras resulta todo un calvario lograr recuperar el dinero o la mercancía originalmente vendida. Los procesos judiciales son lentos y esto implica que el hacer negocios en México tiene un alto costo. Es una realidad que muchas empresas lo piensan dos veces antes de vender a crédito y en caso de que lo hagan solicitan una enorme cantidad de referencias y un aval.

De hecho, es práctica común de algunos negocios cobrar un precio mucho más alto por las mercancías que venden a crédito, como una medida de protección ante la posibilidad de que su cliente no les pague. Y si la venta es a un plazo muy largo, la tasa de interés implícita en ocasiones supera el 100 por ciento con respecto a si se pagara de contado.

Desafortunadamente en México las leyes pueden ser manipuladas de tal manera que éstas pueden servir más para proteger al deudor, de tal manera que inclusive aunque haya fallado un juez a favor de la empresa que otorgó la venta a crédito, a la hora de realizar el acto de ejecución, resulta que no hay nada que embargar o que recuperar.

Esto implica que el que vendió a crédito perdió dinero con dicha operación. Así, inclusive ha habido casos en los que se genera un efecto dominó en la economía, ya que una empresa a la que no le pagan, no le podrá pagar a sus acreedoras y así sucesivamente, y las empresas con menos capital de trabajo son las que más sufren las consecuencias de esto e inclusive algunas llegan a quebrar.

Es por esta debilidad legal que se da que muchas empresas recurren a despachos dedicados a la cobranza “extrajudicial”, que consiste en llamar a altas horas de la noche, amenazar, hostigar y amedrentar a los deudores con el fin de presionarlos para que paguen sus deudas. Así pues, dado que el sistema jurídico y mercantil no funciona correctamente, se tienen que encontrar otras medidas que le permitan a las empresas recuperar lo que legalmente les pertenece.

En México deberíamos perfeccionar nuestro sistema judicial para que las deudas de carácter mercantil puedan ser rápidamente cobradas en caso de incumplimiento, pero en lugar de eso, parece que nos estamos moviendo en la dirección contraria: castigar al acreedor (a la empresa) y proteger al que contrae una deuda y no la paga.

En este sentido tenemos que recientemente Víctor Manuel Borrás, Director del Infonavit, anunció que iniciará su programa Compromisos de Servicio, en el cual se contemplan autosanciones en caso de errores o mal servicio no sólo del Infonavit, sino también para los terceros que operen en su nombre.

Este programa arranca con los 240 despachos que realizan la labor de cobranza por las altas quejas que ha habido por parte de los derechohabientes, y el Infonavit se compromete a reembolsar una o más mensualidades si se demuestra que hubo cobros indebidos, errores u omisiones operativas en la formalización de convenios de reestructura, gestiones de cobro fuera de horarios o valiéndose de amenazas o procesos iniciados de manera inadecuada

Desde luego el Infonavit sancionará también a estos despachos con diversas medidas como el retiro temporal de 50% de la cartera asignada, suspensión de labores durante seis meses y hasta la rescisión del contrato. En este aspecto, lo más destacable es que Infonavit impondrá sanciones a despachos de cobranza que incurran en malas prácticas y hostigamiento en contra de los usuarios de créditos de la institución. Así, los beneficiarios de créditos podrán denunciar las irregularidades en las que incurran estos despachos, a través del portal del organismo y vía telefónica en Infonatel.

Asimismo se estarán monitoreando las llamadas a efecto de detectar posibles hostigamientos, fraudes o presiones para la firma de convenios ventajosos. El punto con todo esto es que existe preocupación por parte de empresarios de que con la medida anunciada por el Infonavit se pudiera generar una tendencia más generalizada hacía la protección del deudor a costa del negocio que vendió un producto a crédito.

Inclusive se ha mencionado en algunos medios de comunicación que hay una iniciativa en el Congreso de la Unión que tendría como objetivo proteger a los clientes ante los esfuerzos de cobranza por parte de las empresas. ¿Qué no va esto en contra del sistema capitalista? ¿Qué no debería ser al revés?

Proteger al empresario y castigar al que no paga o se niega a llegar a un acuerdo con el acreedor. Lo que el Congreso debería hacer es modificar las leyes de manera que se puedan tomar medidas para que los negocios y demás agentes económicos puedan recuperar rápidamente sus créditos o mercancías cuando el cliente ha incumplido en sus pagos y se niega a negociar. Se trata de que este país camine hacía la competitividad, y los inversionistas extranjeros no ven con buenos ojos a los países en los que la cobranza legal es demasiado tardada.

También se debe apuntar que no se trata de que al primer atraso en el pago de algún adeudo haya un procedimiento de ejecución, pero si encontrar mecanismos que eviten que exista esta práctica del no pago (tan extendida en nuestro país). Al final de cuentas todo redundará en la desaparición de la cobranza extrajudicial en la medida en que el sistema judicial funcione correctamente.

México requiere de aumentar su competitividad, y para ello se necesita un sistema legal que funcione y que permita que se realicen negocios con certidumbre. Buena parte del secreto del éxito de los países desarrollados descansa en tener un sistema legal sólido que ayuda a que las empresas puedan hacer negocios con certeza y seguridad. En México hay que avanzar en ese sentido y tomar las medidas necesarias para acabar con la cobranza extrajudicial.

(*)Director general GAEAPCorreo electrónico: alejandro@gaeap.com