Por Glafira Osorio Clark (*)
Las instituciones bancarias parecen no advertir la situación riesgosa que habita el país. Lejos de un compromiso social que las haga solidarias de la productividad nacional, de la promoción del empleo, y de la generación de oportunidades para el microempresario, el escenario que las rodea es de un solipsismo total.
Muestra de ello es que aún siguen ofreciendo créditos en Unidades de Inversión, lo que dificulta a numerosas familias el pago de la vivienda.
Las Udis continúan presenten en los ofrecimientos de las hipotecarias y de los bancos, pese a estar considerados como los instrumentos más caros para pagar un inmueble. De hecho, actualmente su cambio se encuentra a 4.5 pesos, lo que no significa otra cosa que por cada peso que se paga en otros esquemas, en este caso le cuesta al cliente, tres pesos más.
El mal manejo del crédito hipotecario fue el acabóse en la economía norteamericana que se estrelló en una crisis financiera de graves consecuencias. En México, sin embargo, como la economía nacional se ha visto regida por la crisis y por la devaluación constante, sus escollos no han significado una variación importante en los análisis económicos.
La clase asalariada y que es la que precisa vitalmente de los créditos hipotecarios, se ha acostumbrado a opciones caras, que la endeudan de por vida, y que constituyen la única posibilidad de acceder a un bien inmueble propio.
De hecho, ¿A quién beneficia en realidad un crédito hipotecario en Udis? Al cuentahabiente, no. Los pagos crecen mes con mes y llega un momento en que la deuda contraída, se ha multiplicado volumétricamente sin que el usuario haya podido prever en qué se iba a convertir su compromiso deudor.
La banca y las instituciones hipotecarias están en obligación moral de ver no sólo a través de la mirada de los inversionistas y de los retos institucionales de obtener el mayor provecho posible de un cuentahabiente.
En momentos en los que México precisa de diversas opciones solidarias y alternativas, para encontrar rutas al crecimiento y a la estabilidad económica, es preciso que el sector de los créditos inmobiliarios cambie su esquema hacia uno más solidario, mejor diseñado, y más respetuoso del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos.
Hoy resulta casi irónico, que un trabajador, para acceder a un modesto crédito del Infonavit, debe por lo menos devengar veinte mil pesos mensuales, para obtener lo que la banca llama un crédito popular, pero que lamentablemente no se paga como tal.
(*) Analista
Las instituciones bancarias parecen no advertir la situación riesgosa que habita el país. Lejos de un compromiso social que las haga solidarias de la productividad nacional, de la promoción del empleo, y de la generación de oportunidades para el microempresario, el escenario que las rodea es de un solipsismo total.
Muestra de ello es que aún siguen ofreciendo créditos en Unidades de Inversión, lo que dificulta a numerosas familias el pago de la vivienda.
Las Udis continúan presenten en los ofrecimientos de las hipotecarias y de los bancos, pese a estar considerados como los instrumentos más caros para pagar un inmueble. De hecho, actualmente su cambio se encuentra a 4.5 pesos, lo que no significa otra cosa que por cada peso que se paga en otros esquemas, en este caso le cuesta al cliente, tres pesos más.
El mal manejo del crédito hipotecario fue el acabóse en la economía norteamericana que se estrelló en una crisis financiera de graves consecuencias. En México, sin embargo, como la economía nacional se ha visto regida por la crisis y por la devaluación constante, sus escollos no han significado una variación importante en los análisis económicos.
La clase asalariada y que es la que precisa vitalmente de los créditos hipotecarios, se ha acostumbrado a opciones caras, que la endeudan de por vida, y que constituyen la única posibilidad de acceder a un bien inmueble propio.
De hecho, ¿A quién beneficia en realidad un crédito hipotecario en Udis? Al cuentahabiente, no. Los pagos crecen mes con mes y llega un momento en que la deuda contraída, se ha multiplicado volumétricamente sin que el usuario haya podido prever en qué se iba a convertir su compromiso deudor.
La banca y las instituciones hipotecarias están en obligación moral de ver no sólo a través de la mirada de los inversionistas y de los retos institucionales de obtener el mayor provecho posible de un cuentahabiente.
En momentos en los que México precisa de diversas opciones solidarias y alternativas, para encontrar rutas al crecimiento y a la estabilidad económica, es preciso que el sector de los créditos inmobiliarios cambie su esquema hacia uno más solidario, mejor diseñado, y más respetuoso del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos.
Hoy resulta casi irónico, que un trabajador, para acceder a un modesto crédito del Infonavit, debe por lo menos devengar veinte mil pesos mensuales, para obtener lo que la banca llama un crédito popular, pero que lamentablemente no se paga como tal.
(*) Analista
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