Transferencias a los pobres o apoyos a empresas

Por Alejandro Gómez Tamez (*)

Desde el comienzo de la historia, en todas las naciones tanto los reformistas sinceros, así como los demagogos han buscado eliminar o al menos reducir la pobreza a través de la acción gubernamental.

En la mayoría de los casos los remedios propuestos solamente han servido para empeorar el problema, aunque cabe señalar que también se han dado algunos cuantos casos exitosos (sobre todo en el mundo desarrollado).

Se debe señalar que la manera más frecuente y popular de los remedios propuestos para aliviar el problema de la pobreza ha consistido simplemente en tomar ingreso de los ricos para dárselo a los pobres.

Este remedio ha tomado miles de formas diferentes, pero al final de cuentas todos se basan en lo mismo: la riqueza debe ser “compartida” o debe ser “redistribuida” para que haya “equidad”. De hecho, en las mentes de muchos reformistas no es la pobreza lo que se debe eliminar, sino la desigualdad.

Teniendo esto en mente, vale la pena recordar que el miércoles 23 de septiembre escuchamos que el presidente Felipe Calderón pidió nuevamente el apoyo de la sociedad para que el Congreso de la Unión apruebe el Paquete Fiscal 2010, el cual se centra “en no sólo detener, sino acelerar la lucha contra la pobreza extrema en el país y cerrar la brecha de desigualdad que separa a los mexicanos”.

Cabe señalar que en este editorial no se pretende determinar si lo que se va a recaudar por concepto de este impuesto por parte de los contribuyentes más pobres será mayor o menor que lo que ellos recibirán a través de la ampliación del Programa Oportunidades y de otros instrumentos de política gubernamental.

Más bien, lo que se busca en este editorial es preguntarse si el “regalar” o transferir dinero a los pobres es el mejor instrumento para luchar en contra de una pobreza cada vez más visible y extendida en nuestro país.

Hemos señalado que tal vez la parte más controversial del Paquete Fiscal 2010 está en la propuesta del nuevo impuesto del 2 por ciento al consumo de todos los bienes y servicios. Y es controversial desde al menos dos puntos de vista: por una parte existe la visión oficial de que la mejor manera de remediar el problema de la pobreza es “regalándoles” más dinero a los pobres (sobre todo a aquellos que sufren de pobreza alimentaria en las zonas rurales); pero por otra parte, está la posición empresarial y de algunos académicos en el sentido de que la manera más efectiva para resolver de fondo el problema de la pobreza es mediante la creación de más y mejores empleos tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

En relación a la posición oficial (transferir dinero a los pobres como mejor estrategia para abatir la pobreza), se nos ha dicho que con parte de lo que se recaude con el nuevo impuesto al consumo de 2 por ciento se podrá ampliar el Programa Oportunidades.

Concretamente el presidente Calderón ha planteado que en lugar de apoyar a cinco millones 200 mil familias, “proponemos que cubra a seis millones y medio de familias. Prácticamente 34 millones de mexicanos tendrían apoyo de este programa contra la pobreza, con becas educativas, con apoyos de salud y con dinero para el apoyo alimentarios de esas familias”.

Y no solo eso, el primer mandatario también ha señalado que si el Congreso aprueba el paquete, por cada niño hasta de nueve años, las familias que ya están en Oportunidades recibirían 130 pesos más. Esto implica que el gobierno está planteando que haya 1.3 millones de familias más que se vean beneficiadas del programa (cabe señalar que con el programa Oportunidades en la actualidad cada familia recibe al día 22.15 pesos, en promedio; en total, 665 pesos al mes).

Así, en el Paquete Fiscal 2010 las autoridades plantean que se aumente en 50 por ciento el presupuesto de los programas Oportunidades y Apoyo Alimentario del gobierno federal, lo que implica llegar a unos 74 mil millones de pesos para el año 2010.

Sin embargo, antes de decidir si es conveniente darle otros tantos miles de millones de pesos al gobierno para “combatir” la pobreza, pues sería conveniente reflexionar a la luz de la experiencia internacional y de la nuestra, que tan efectiva ha sido está práctica de regalar dinero a los pobres (la cual cabe señalar que fue creada en México durante los regímenes priistas) como medio para abatir la desigualdad en nuestro país.

Tenemos que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), entre 2006 y 2008, el número de pobres creció en 5.1 millones de personas, para sumar en la actualidad poco más de 50 millones de personas en condición de “pobreza patrimonial”.

Desde luego que existe la duda de que tal vez el número de personas en condiciones de “pobreza alimentaria” habría aumentado más si el gobierno no hubiera continuado con los apoyos del Programa Oportunidades y Apoyo Alimentario.

Y para fortalecer este argumento tenemos que de acuerdo a cifras de la misma Sedeso, gracias al aumento de las transferencias económicas a través de programas del gobierno federal se evitó que dos millones 600 mil mexicanos más cayeran en pobreza alimentaria este año. Sin embargo, estos datos no contestan la pregunta medular: ¿Es cobrando más impuestos para luego regalar el dinero a los más necesitados la mejor manera de abatir la pobreza?

Esta pregunta surge porque cada vez hay un mayor número de críticos que señalan que tales programas fallan en su objetivo porque una proporción muy pequeña de lo que deberían ser las transferencias llegan realmente a los pobres, o porque tales programas hacen caer a las personas en una especie de “trampa” de pobreza, o porque éstos debilitan a la economía (disminuyendo los recursos familiares que de otra forma se destinarían al consumo).

De acuerdo con el estudioso sobre el tema Henry Hazlitt (1894-1993) del Instituto Von Mises, y autor de la obra “Puede el Estado Reducir la Pobreza”, lo que se debe hacer es disminuir o eliminar los incentivos que perpetúan la pobreza para que así las personas que cuentan con las menores habilidades salgan adelante, pero a través de sus propios esfuerzos, ya que de lo contrario se genera un incentivo negativo para los hábiles y productivos, ya que no verán que tenga sentido ganar algo más allá de lo que se les permitirá conservar.

Los esquemas tradicionales de redistribución llevan inevitablemente a la reducción de la producción y a un empobrecimiento nacional.

No se trata de repetir frases que todos conocen, pero es muy cierta la frase de Jesús cuando dijo: no le des a un hombre un pez para comer, mejor enséñalo a pescar. Esta frase es cierta y denota que la mejor estrategia gubernamental para abatir la pobreza debe ir orientada a fortalecer las micros, pequeñas y medianas empresas (tanto urbanas como rurales) para que éstas puedan crear más empleos; además de que se deben fomentar los programas de autoempleo.

De esta forma, los programas de apoyo a los más pobres deben quedar limitados exclusivamente a apoyar a las personas de la tercera edad, a los discapacitados y a quienes por causa justificada no pueden obtener un empleo. Pero eso de andar regalando dinero ha probado en muchos países (sobre todos los que están en vías de desarrollo) que no es la mejor estrategia para salir del problema de pobreza.

Y aquí podemos lanzar varias preguntas: ¿Es mejor destinar unos 80 mil millones de pesos adicionales a combatir la pobreza o sería mejor destinar esos mismos recursos para apoyar a las micros y pequeñas empresas para que éstas se fortalezcan y así contraten más personal? ¿Cuál de las dos alternativas será más económica para los contribuyentes en el mediano y largo plazos? ¿Cuál alternativa tendría una mayor sustentabilidad para el largo plazo?

Los tres órdenes de gobierno deben implementar las políticas que tiendan a fortalecer a las empresas asistiéndolas para exportar, capacitándolas para mejorar sus prácticas administrativas y de negocios, dando incentivos fiscales fuertes para la inversión, fortaleciendo los programas de autoempleo, entre muchas otras medidas.

Eso tendrá un impacto más positivo en el corto, mediano y largo plazos en la producción, empleos, precios y abatimiento de la pobreza.

(*)Director general GAEAP