Por Gerardo Flores Ledesma
El pánico que muestran los empresarios no está para menos, pues en materia de competitividad cada vez caemos más niveles; hay una indefinición absoluta entre aumentar impuestos, imponer nuevos gravámenes; elevar deudas o en cuánto disminuir el gasto, sea corriente o de inversión, o un coctel de todo lo anterior.
El terror empresarial es tal que ya no quieren hablar de la conveniencia de dejar en 16.5 por ciento o no la tasa del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU); de bajar el Impuesto al Valor Agregado de una tasa de 15 a 12 por ciento, a cambio de una aplicación de este impuesto a todos los productos y servicios, incluyendo alimentos y medicinas, pero con una tasa menor diferenciada.
El temor de los empresarios crece como nuestra deuda interna y externa, porque hay muchos embudos en asuntos de tipo fiscal, transporte, desregulación, educación, salud, empleo y aspectos sociales.
El pánico del Consejo Coordinador Empresarial, eje de la llamada cúpula de cúpulas, aunque muchos lo acusen de no ser el representante absoluto de los empresarios de esta nación, es tan grande como el desempleo creciente que en el mes de julio se disparó a niveles de 6.12 por ciento desde el 5.17 por ciento del mes previo.
Los empresarios están aterrados porque no se les han cumplido las promesas de campaña del actual presidente de la República, entre las que destaca la eliminación definitiva del pago de la tenencia de automóviles, cuyas mantas con esos postulados son evidentes en fotografías que incluso circulan por internet a escala mundial.
El sector privado quiere que se establezcan sanciones a las autoridades que retrasen o excedan los plazos en licitaciones públicas y que se aceleren los programas de mejora regulatoria.
Los empresarios piden que se reduzcan por lo menos en un 50 por ciento las dietas de los legisladores federales y estatales, y que se establezcan topes salariales a funcionarios públicos, y que por lo menos se minimicen en un 30 por ciento los gastos de campañas. Un tema que muchos avalamos y apoyamos.
Aunque les cuesta meterse en aspavientos y sufrir acotaciones, señalamientos y hasta amenazas de la autoridad, los empresarios han solicitado que se mantengan los programas de apoyo a negocios cumplidos con problemas de liquidez para el pago de las cuotas del IMSS y del Infonavit, incluyendo periodos de gracia, ampliación de plazos y existencia de parcialidades.
Ya hemos dicho hasta el cansancio que en materia fiscal es vital que se hagan simplificaciones en las operaciones del despacho aduanal y que se privilegien los sistemas de una sola revisión y que se haga una homologación de los horarios.
Cuando los empresarios hablan de apanicamiento, es porque en la última encuesta sobre inseguridad en el país queda claro que más del 60 por ciento de la población no cree en la autoridad y el 85 por ciento de los que sufren alguna vejación del crimen organizado no denuncian.
Por ello es claro, contundente y probatorio que urge, como dicen los empresarios, que se proceda a la creación de tribunales especializados en materia mercantil y financiera, reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Leyes Orgánicas de los Tribunales Estatales.
También es urgente que se introduzca en la ley la figura del cheque protegido para evitar fraudes bancarios y que se proceda a la reestructuración de la banca de desarrollo, para que se dote de más autonomía, que no vea a Nacional Financiera y al Banco Nacional de Comercio Exterior como una entidad sujeta al procedimiento gubernamental y que se le faculte para que incluso opere como banca de primer piso en muchos de los proyectos que requieren los diversos sectores productivos.
Grave, lo que pasa en materia de seguridad
El sector privado, junto con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, dio a conocer la VI Encuesta Nacional sobre Inseguridad, en la cual se detalla que los estados más inseguros del país son Chihuahua, Sinaloa, Baja California y el Distrito Federal.
Esto es grave porque la seguridad en una nación tiene un significado muy contundente en la calificación de riesgo y está directamente vinculada con el flujo de inversión o de capitales productivos que en estos momentos están muy peleados en el orbe.
La encuesta, en la que participa la Confederación Patronal de la República Mexicana, que encabeza Ricardo González Sada, tiene una gran utilidad para los gobernantes en turno, porque es un termómetro de lo que pasa en el país y cada entidad en materia de seguridad pública.
Es grave saber que la encuesta referida nos aclara que después de 12 años de reducción del crimen, en 2008 vuelve la estadística negra o roja a ganar terreno, pues el delito de homicidio se incrementó en el último año, al pasar de 10 en 2007 por cada cien mil habitantes, a 12 en 2009.
Es penoso saber que la inseguridad oscila entre el 85 y 86 por ciento a nivel nacional, y que 78 de cada 100 víctimas de delito no denuncian, o que más del 60 por ciento de los asaltados, robados, secuestrados o lastimados por la delincuencia, dice que no confía en el Ministerio Público.
La encuesta revela que nueve de cada 10 mexicanos aprueban los operativos contra el crimen organizado y asegura que el país está considerado menos peligroso que Sudáfrica, Venezuela, Colombia y Jamaica, si se toma en cuenta el número de homicidios dolosos registrados por año, pero por arriba de naciones con conflictos serios como Perú y Palestina.
Para los empresarios, con base en dicha encuesta que avalan la UNAM, el Tec de Monterrey, Coparmex, la Fundación Este País y el INEGI, no es grato que sólo se considere a Yucatán, Chiapas y Veracruz como los estados más seguros de la nación.
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